sábado, 11 de diciembre de 2010

Ideas felices en el urbanismo andaluz: estamos salvados

El PP-A se ha manifestado a favor de la regularización masiva de las casi 500.000 viviendas ilegales que existen en Andalucía, tal y como se ha producido en Extremadura mediante un acuerdo entre el PSOE y el PP.

Una vez más el PP abraza medidas electoralistas, en este caso apoyando a los miles de afectados por los desmanes urbanísticos que en toda Andalucía tuvieron lugar durante los recientes años de vacas gordas, desmanes que se han producido necesariamente también con el concurso culpable de muchos ayuntamientos gobernados por este partido.

Desde luego es mucho más fácil hacer tabla rasa y legalizar masivamente todo lo construido en suelo no urbanizable, pero también mucho más injusto y peligroso. Injusto porque este tipo de medidas equiparan al que lo hizo bien y al que lo hizo mal, peligroso porque se lanza el peor mensaje posible, el que dice que frente a los hechos consumados, la ley se arruga.

Parece más razonable la política de la Junta de Andalucía del estudio caso a caso, bajo el principio de legalizar todo lo legalizable, pero analizando cada situación y sus circunstancias. Y en este punto habrá que recordarle algo al señor Arenas, ahora que aprovechando de nuevo la desgraciada coyuntura de centenares de familias que en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén han tenido que desalojar sus casas y perdido sus bienes, sale a los medios como paladín de los desfavorecidos, a recordar que la Junta no ha sido previsora frente a las avenidas e inundaciones que un invierno más volvemos a sufrir. Esa falta de previsión ya la denunció UPyD hace un año, pero hay que ser coherente: es incompatible una política preventiva eficaz frente a las inundaciones con la legalización masiva de todo lo construido de forma ilegal, pues precisamente la prevención comienza con el planeamiento urbano, algo que está escrito con mayúsculas en la primera página del primer capítulo del libro del urbanismo razonable, y que al principal partido de la oposición no se le debería escapar.

Lo que no es aceptable es la forma en que la Junta de Andalucía está gestionando esta situación y está abordando el estudio pormenorizado de cada caso. No es de recibo que no se tomen las medidas para que los PGOU,s que se puedan revisar lo hagan en un tiempo razonable, y no es razonable que en algunos casos estas revisiones se extiendan a lo largo de más de ocho años. No es de recibo que se use al cuerpo de inspectores urbanísticos, se les prive de independencia y se dirijan con criterios políticos y no técnicos al desgaste de los ayuntamientos no afines y se les inste a mirar para otro lado cuando de los suyos se trata. No es de recibo que tantos miles de afectados que compraron de buena fe no encuentren una salida, mientras la mayor parte de los promotores y políticos corruptos salgan de rositas, o en el mejor de los casos tras un breve contacto con la justicia, que casi siempre compensa el beneficio obtenido por el delito cometido. Y sobre todo, no es de recibo que, como se acaba de saber, la Junta anunciara a bombo y platillo que la única solución al despropósito del Algarrobico era la demolición, mientras en las mismas fechas, enero de 2009, informaba el Plan General presentado por el Ayuntamiento indicando que el sector en cuestión “aparecía clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado, debiendo estar clasificado como Suelo Urbano Consolidado”, yendo mucho más allá de las pretensiones del timorato consistorio. Una auténtica vergüenza que pone de manifiesto como el nivel de seguridad jurídica de nuestra comunidad autónoma se asemeja más al de Gabón que al de la Europa civilizada a la que pretendemos parecernos.

UPyD tiene las cosas muy claras en materia de urbanismo:

Es preciso abordar importantes cambios en el ámbito del planeamiento, los sistemas de gestión y de disciplina urbanística, incluyendo los de control y fiscalización de la actividad de las entidades locales, tanto desde el punto de vista interno de la organización administrativa como desde los ámbitos externos como el Poder Judicial, Ministerio Fiscal o Tribunal de Cuentas.

Hay que abordar la modificación del sistema de financiación de las entidades locales para evitar que los Ayuntamientos utilicen el urbanismo como vía esencial de financiación.

Hay que propiciar cambios en la legislación penal sobre delitos contra la ordenación del territorio, promoviendo la creación de una figura específica de prevaricación consistente en informar o aprobar cambios de clasificaciones de suelo arbitrarias o infundadas y haciendo obligatoria la demolición de construcciones ilegales, salvo situaciones excepcionales.

Hay que incrementar el número de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y del número de Secciones de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, potenciando la formación en materia de urbanismo y medio ambiente de los Magistrados.

Hay que dotar adecuadamente a las fiscalías dedicadas a atajar irregularidades urbanísticas y corrupción, potenciando su dedicación exclusiva.

Hay que obligar a la inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad de todo procedimiento abierto en materia de disciplina urbanística, tanto en vía administrativa como judicial.

Hay que reformar la legislación de régimen local para devolver a los Secretarios e Interventores de Ayuntamiento sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales, recuperando la figura tradicional de la advertencia de ilegalidad que correspondía al Secretario y al Interventor en sus esferas de actuación.

Éstas y otra veintena de medidas forman parte del Programa Marco Autonómico de Unión, Progreso y Democracia en materia de urbanismo, que se puede consultar en

http://www.upyd.es/fckupload/pdf/programa_marco_autonomico_2010.pdf