sábado, 11 de febrero de 2012

FUNCIONARIOS vs EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS

En el sur de este país de trincheras y luchas fratricidas se ha abierto otra brecha, otro enfrentamiento entre dos colectivos, que no ha tardado en pervertirse por la manipulación política aunque no fuera el deseo de sus protagonistas, y ya han conseguido otra caricatura maniquea de las dos Españas. Se trata de los funcionarios de la Junta de Andalucía y el personal de las empresas públicas que el PSOE ha pretendido agencializar y colar por la puerta de atrás en la Administración autonómica.

Los primeros andan de naranja por las calles, tras once meses de lucha, denunciando la huída del derecho administrativo y la administración paralela engendrada por el socialismo andaluz, con la satisfacción de haber logrado parar por vía judicial la puesta en marcha de las distintas agencias.


Los segundos, dicen que 26.000, andan perplejos, con el estigma de “enchufados” y sintiéndose injustamente tratados por los funcionarios de carrera. No es cierto que el 100% de esos 26.000 sean afines al PSOE, pues muchos han conseguido su puesto mediante procesos de selección sin que les preguntaran su afinidad política.

La inevitable simplificación y permanente politización que sufrimos en este país, ha dado lugar a que a los primeros se les ataque llamándolos instrumentos del PP y a los segundos enchufados del PSOE, pero cualquiera que se haya tomado la molestia de conocer el problema e interactuar con las asociaciones y sindicatos independientes de funcionarios o con los no tan organizados ni beligerantes trabajadores de las empresas públicas y agencias, habrá podido comprobar que la realidad es mucho más compleja, que asociar a los funcionarios con el PP es tan ridículo como asociar a la mayoría de los empleados de las empresas y agencias con el PSOE. Sólo son personas, ciudadanos, preocupados por su trabajo, por su vida, y también por la marcha de la cosa pública.

En el programa de UPyD para Andalucía le damos la máxima prioridad a este asunto, y por eso proponemos sin matices derogar la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de Andalucía y abordar un plan de simplificación administrativa, que bajo criterios de eficacia y eficiencia, mantenga exclusivamente aquellos organismos que sean imprescindibles por suponer una mejor forma de gestión. El plan incluirá la reducción significativa de un sector público andaluz sobredimensionado, suprimiendo las Empresas Públicas y enajenando las participadas cuyas actividades estén cubiertas por empresas privadas.

Lo que el sector privado puede hacer más eficazmente y de forma más racional lo debe hacer el sector privado. La Junta no puede ser empresaria. Lo que sólo desde la Administración, desde el derecho administrativo debe abordarse, para garantizar la independencia, la objetividad y la salvaguarda del interés general, ni lo pueden hacer empresas privadas, ni empresas públicas: esas tareas deben volver al funcionario.

Por lo tanto no deberían preocuparse los trabajadores de las empresas públicas que tienen trabajo, pero trabajo de verdad, no un “puesto de trabajo”. Puesto de trabajo tienen los 26.000, pero trabajo sólo una parte de ellos. Los que tienen trabajo real y necesario seguirán trabajando. En algunos casos lo harán directamente en una Administración redimensionada que deberá sacar las plazas necesarias para abordar tareas propias de la función pública, en otros lo harán en las empresas privadas que cubrirán de forma más eficiente el vacío dejado por esta gigantesca administración paralela y los menos lo seguirán haciendo en aquellas empresas públicas que permanezcan porque se justifique que las dos soluciones anteriores no son viables.

Los que sí se tienen que preocupar son los paseadores de pasillos, miradores de paredes, encadenadores de cafelitos, esos que están pero que jamás estarían en las empresas privadas porque éstas no se lo pueden permitir, los tengan que indemnizar con 45 o con 20 días. Esos que tienen un puesto de trabajo injustificado e injustificable, enchufados o no. Y por supuesto más aún se tienen que preocupar esos exalcaldes socialistas u otros miembros del partido que el 20 de mayo perdieron su plato de habichuelas (de tienda gourmet) y papá Griñán los recolocó de asesores, adjuntos a no se sabe qué, gerentes iletrados, y ahora ocupan despachos y coche oficial, cobran dietas y sueldos que hacen sonrojar a cualquier biennacido. Esos deben ser despedidos y miraremos en sus cajas y maletines para asegurarnos que ni una grapadora se llevan.

¿Y los funcionarios tienen que estar tranquilos o preocuparse? Pues igual, los que trabajan, los que saben que es un honor servir a la ley y a los ciudadanos, en absoluto. Los otros, los de los chistes de Forges, que también los hay y muchos, ya se pueden empezar a preocupar. Quizá, sólo quizá, no puedan ser expulsados de una Administración que no merecen, pero por fin los vamos a poner a trabajar. Ya está bien que los buenos funcionarios tengan que hacer su trabajo y el de dos compañeros vagos que consideran que cuando aprobaron la oposición ganaron el derecho a cobrar por no hacer nada. Ya está bien que los empleados de las empresas públicas tengan que hacer el trabajo de funcionarios vagos, incapaces de salir una tarde de fútbol a hacer una inspección ganadera o ambiental de urgencia, por poner un ejemplo, cuya acta tienen que firmar a posteriori sin saber lo que firman, y luego se pongan la camiseta naranja y salgan a la calle a gritar que los enchufados los dejan sin trabajo.

UPyD en su programa incluye de forma expresa afrontar con carácter inmediato y prioritario el desarrollo reglamentario en Andalucía del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales en 2007, articulando mecanismos de control objetivos que permitan valorar la productividad y evaluación del desempeño de los empleados, desarrollando una nueva Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y un plan de actuación para la reducción del absentismo que incluya las medidas disciplinarias que sea necesario aplicar.

Es inaplazable despolitizar la administración, devolver al funcionario la independencia y el poder que nunca debió perder. Si a los funcionarios se les garantiza un trabajo de por vida, si no están en el régimen general como el resto de trabajadores, es porque esa independencia es necesaria para eludir las presiones políticas, para ser únicamente servidores de la ley, no del político de turno. Por eso UPyD plantea un paquete de medidas concretas como eliminar los puestos de libre designación por debajo del nivel 22 limitándolos a ocho años en un intervalo de doce o restringir radicalmente el nombramiento de asesores.

En definitiva, UPyD no va a llegar al Parlamento de Andalucía para reírle las gracias al más votado, para optar a parcelas de poder, entendido como los viejos partidos lo entienden “poder administrar una Consejería u organismo, controlarlo y ponerlo al servicio del partido”. UPyD viene a darle una vuelta al calcetín, a cambiar profundamente todo lo que está podrido hoy, y lo estaba desde mucho antes que se publicara la Ley 1/2011 “del enchufismo”, todo lo que hace décadas que huele mal en una Administración que también ha contribuido, y de qué forma, a que sigamos en el furgón de cola del tren europeo.


7 comentarios:

eva dijo...

Paco, como siempre te quieres poner bien con todos y eso ahora no vale. En algún momento hay que mojarse. Puede que ahora sea el momento. Dejar los sentimientos y las directrices del partido y situarse en un bando. A esto nos han querido llevar los funcionarios y yo no voy a esconderme. Puedo defender mi puesto de trabajo mas que muchos funcionarios su plaza y solo por eso sus argumentos fallan. No somos 30.000 enchufados. Ni siquiera la mayoría y tu lo sabes. La cuestión esta en decidir si queremos que nuestros destinos estén en manos de los políticos ( a los que elegimos democráticamente) o de los funcionarios (que solo Dios y la Admón. Saben como están en sus puestos.

Francisco José González dijo...

No se trata de ponerse en un bando u otro, sino en el lado de la razón. Y la razón me dice que hay que despolitizar la Administración. Lo contrario ya sabemos a que nos ha llevado. Aquí no hay un enfrentamiento entre colectivos sino muchos inútiles que durante décadas han llevado lo público a esta situación insostenible. Nuestros destinos sólo deben estar en manos de nosotros mismos, nunca lo pongas en manos de un político ni de nadie.

mascarón de proa dijo...

Llevar el problema generado por la Ley de reordenación (sic?) a una guerra entre trabajadores es una de las múltiples simplificaciones en las que se puede caer. El grueso del problema está en que se había creado una administración paralela (duplicada) de dimensiones colosales y que se ha legalizado -que no legitimado gracias a la masiva protesta de los empleados públicos- a golpe de dos decretos y una ley, vía rodillo parlamentario. La solución a esta duplicidad se ha realizado de la manera más irracional y simplona; o sea que 1+1 ya no son 2, sino 1. La cifra real del personal ilegalmente integrado, no se sabe aún: desde los 35.000, apuntado por UGT y CCOO al comienzo de la publicación de la ley esta cifra ha ido bajando (la crisis y las protestas no cesan). En cualquier caso supone aproximadamente un tercio del personal al servicio de la Administración General de la Junta el que se integra vulnerando: “los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución, en el estatuto básico (….) publicidad mérito y capacidad ello supone más que una huida del administrativo un desprecio al estado de Derecho” . Así se ha pronunciado el TSJA que ha paralizado cautelarmente todos los protocolos de integración. Ni la ley, ni los protocolos de integración de este personal ni los estatutos de las macroagencias así creadas discriminan a los buenos y malos trabajadores. Para eso ya está el Estatuto Básico del empleado público, y debiera estar la prometida ley de función publica andaluza, en la que entre otras muchas cuestiones se pusiera en marcha la evaluación del desempeño. Pero claro, esta otra corría más prisa. Un paso más que retrasa una verdadera regeneración en la administración y nos acerca más al sistema de cesantias del siglo XIX.

eva dijo...

Hola mascarón:
Como dije en mi entrada anterior, llevar esta situación al enfrentamiento entre trabajadores ha sido cosa de los funcionarios. No hemos sido nosotros los que hemos salido en prensa hablando de 35.000 "enchufados", de "bocas agradecidas", y muchas otras lindezas con las que no voy a perder el tiempo, no hemos sido nosotros los que hemos denunciado a 85 trabajadores de EEPP por usurpación de funciones publicas (denuncia que ni siquiera se admitió a trámite). No somos nosotros los que nos ponemos una camiseta naranja y nos vamos en horario laboral de "mani".
Si los que van a esas manifestaciones y usan esos insultos hubieran visto a compañeros trabajar durante 12 o 14 horas seguidas para que ninguna vaca loca pase de Despeñaperros o para controlar los fuegos que cada verano nos azotan en nuestros montes o miles de cosas mas que no tengo tiempo de contar aquí se les caería la cara de vergüenza. Ya me gustaría a mu ver a un funcionario "de carrera acudiendo a una finca a las 5 de la mañana a retirar un cadáver de cabeza de ganado. Por eso esto se ha convertido en una lucha, porque habéis perdido la razón moral, porque para apoyar vuestros argumentos os basáis en mentiras y en confundir al personal. Sí es mentira que lis jueces os den la razón. El TSJA ha refrendado el decreto de reordenación y los estatutos de las 8 Agencias y ha puesto en cautela 1 articulo del protocolo de integración (aunque no todos, ya que el juzgado de Málaga no lo ha hecho así).
Confundiis al personal diciendo que vamos a entrar en la Administración por la puerta de atrás, ya que un año después de que se aprobara el decreto seguimos con nuestros contratos laborales y rigiéndonos por nuestros convenios colectivos.
Habéis intentado paralizar un proceso en el que se sometía a todos los entes públicos a intervención económica por Hacienda, a realizar un registro de todo el personal de estos entes, en el que se le exigía a todos los entes tener un catalogo de puestos de trabajo (que no una RPT), y a que todos los procesos de contratación de bienes y servicios se realice por el mismo procedimiento que en la Administración de la Junta.
Y vosotros os preocupáis porque vais a tener que curare en las mismas agencias que los empleados de las empresas publicas y os preocupáis ahora, después de 15 años.
Cuesta mucho creeros, a mi me cuesta ya hasta escucharos, pero probablemente os llevéis el gato al agua. Cuando Arenas sea presidente, derogará el decreto como ha prometido, deshará lo hecho y volveremos a estar como hace 2 años: con cerca de 200 entidades publicas, fuera del control del ciudadano y cambiando de signo político los puestos directivos (que seguirán cobrando barbaridades). Pero eso si, cada becerro en su redil, sin mezclas.

Francisco José González dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Francisco José González dijo...

Lo que escribes en este comentario corrobora mi posición y la de UPyD. Necesitamos acometer una reforma de la Administración a fondo y sin medias tintas. Si alguien se cree que derogando la Ley 1/2011 y volviendo a la situación anterior está todo resuelto está muy equivocado. Hay que meter mano a la función pública, sí o sí.

Javier Mercado dijo...

Eva, no estoy de acuerdo con prácticamente nada de lo que dices. Me parece muy bien que defiendas tu puesto de trabajo, te entiendo perfectamente; los funcionarios hacemos lo mismo porque la administración "paralela" usurpa muchas de nuestras funciones. De todas formas, en vista de lo claras que tienes las cosas, creo que abundar más en este tema no merece la pena.

Resumiendo mucho mi opinión solo te puede decir que "a la Administración, por oposición". Así de simple. Es la forma más justa que conozco. Saludos