miércoles, 12 de junio de 2013

TELEVISIÓNES PÚBLICAS Y SOLUCIONES A LA GRIEGA

A muchos nos ha pillado de sorpresa la decisión del gobierno griego de cerrar la radiotelevisión pública de ese país, dejar a sus 3.000 empleados en la calle y evitar los 300 millones de euros anuales que cuesta a las arcas públicas helenas.

¿Hay razones para mantener una radio y televisión pública deficitarias?, o mejor aún ¿Hay razones para mantener una radio y televisión pública en cada una de las comunidades autónomas?

La respuesta sin lugar a dudas debe ser afirmativa. La información pública es un servicio de interés general al que una sociedad democrática no debe renunciar. Dejar la información sólo en manos de cadenas comerciales ligadas a intereses empresariales y económicos sería un error de lamentables consecuencias. Es imprescindible que un Estado democrático cuente con un medio de comunicación público y no deja de ser razonable que una comunidad autónoma en un estado complejo como el español también disponga de él.

Lo que no es razonable es que el coste de las televisiones estatales en España, trece autonómicas más RTVE, sea uno de los agujeros de las finanzas públicas y cuesten en total al contribuyente cerca de 2.000 millones al año -quinientos más que el ahorro logrado al congelar las pensiones-.

Lo que no es razonable es que en 2013 Canal Sur vaya a costar a los andaluces 118 millones, que saldrán de la subvención pública de la Junta a los que se sumarán otros 22 millones de déficit previsto, que deberá aportar la Administración andaluza para cuadrar su balance.

Lo que no es razonable es que el grueso de las plantillas sean de personal fijo y haya dos -la catalana y la valenciana- que suman más empleados cada una que la suma de las dos grandes cadenas privadas juntas, que TV3, la cadena más cara, tenga 2.700 trabajadores, Canal Nou llegue casi a los 1.800, Canal Sur tenga 1.680 y Telemadrid se quede con 1.100 empleados.

Lo que no es razonable es que las televisiones autonómicas mantengan 6 corresponsalías en Bruselas y que sólo la andaluza, por ejemplo, cueste 270.000 € al año.

Lo que no es razonable es que ese servicio público sea la excusa para colocar al triple de personas de las necesarias, y aún así mantener un injustificable nivel de subcontratación a productoras privadas ligadas al poder, convirtiéndose en un eficaz elemento de clientelismo político.

Lo que no es razonable es que las televisiones públicas no estén al servicio de las instituciones sino de los partidos que ostentan el poder de los respectivos gobiernos, llegando a convertirse en armas de propaganda al servicio de sus causas partidistas, ideológicas o “nacionales”.

Lo que no es razonable es que no existan sistemas efectivos de control y transparencia que garanticen la objetividad en el tratamiento de la información.

Lo que no es razonable es que las cadenas públicas intenten competir con las comerciales por la audiencia a cualquier precio, ofreciendo entretenimientos caros, programas inculturales, basura televisiva, patrocinando deportes de élite de mercenarios multimillonarios…



En definitiva, las televisiones públicas son útiles y necesarias, pero su enfoque ha de cambiar radicalmente, debiendo someterse a una adaptación y ajuste profundo, a un modelo profesional y austero dimensionado para su función de servicio público y cohesión cultural. Sus órganos de dirección, politizados, costosos y despilfarradores, deben adaptarse a un modelo profesional, independiente y reducido. Sería deseable la eliminación de su actividad comercial publicitaria, así como los contenidos de entretenimiento que no tengan un componente cultural, formativo y de fomento del conocimiento. Deberían limitarse sus contenidos a los de información, cultura, educación, deportes minoritarios y otros contenidos de interés general que no son atendidos por las cadenas comerciales, pudiendo también constituirse como centros de formación para jóvenes profesionales.

En definitiva, el enemigo de la televisión pública no hay que buscarlo en la privada, ni en el poder económico, ni en la desalmada Troika, ni en los recortes impuestos…, no hay mayor enemigo de la televisión pública deseable que la televisión pública que conocemos.