viernes, 12 de julio de 2013

LA DEFENSA DE LOS SUYOS


Algunos datos:
Un funcionario corrupto de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, imputado por robar 300.000 €. (http://www.elconfidencial.com/espana/2013/04/25/la-junta-ignora-el-paradero-de-300000-euros-lsquodesaparecidosrsquo-en-medio-ambiente-119617/)
La Junta lo denunció, no asumió su defensa, ni se lo planteó, como debe ser.

Dos funcionarios de prisiones  y dos policías locales de Barcelona detenidos por corrupción (http://actualidad.orange.es/nacional/detenidos-dos-funcionarios-prisiones-y-dos-policias-locales-por-supuesta-corrupcion.html)
Ni el Ministerio del Interior ni el ayuntamiento de Barcelona asumieron su defensa, ni se lo plantearon, como debe ser.

Operación Pitiusa, casi una treintena de detenidos por compraventa de datos personales y empresariales, entre ellos funcionarios de la Agencia Tributaria, Policías y Guardias Civiles (http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/policia-nacional-detiene-treintena-detectives-funcionarios-caso-pitiusa/1784952/)
Ni el Ministerio de Hacienda ni el de Interior asumieron su defensa, ni se lo plantearon, como debe ser.

Tres funcionarios, dos Guardias Civiles y el Jefe de la Policía Local de El Molar acusados de delito contra la salud pública, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos. (http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/14/madrid/1216009983.html)
Ni el Ministerio del Interior, ni el ayuntamiento de El Molar se plantaron asumir su defensa, como debe ser.
 
Veinte cargos y excargos del gobierno andaluz, entre ellos la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez,  imputados por una de las mayores estafas y apropiación indebida de dinero público mediante el uso irregular del fondo de los ERE en Andalucía.
 
Y sí, la Junta de Andalucía se plantea asumir su defensa y recurre el auto ante el Juzgado, en el que estaba personada como acusación particular, como no debe ser, pero es.

 ¿Por qué un trato tan distinto?
¿Será porque estos últimos no son policías o funcionarios corruptos, son altos cargos, de “los suyos”, les han tocado la familia, la tribu…?.
¿O quizá sea porque los primeros actuaban solos y a nadie más tienen que implicar, y estos últimos forman parte de un sistema orquestado y diseñado para delinquir?
¿O quizá sea porque hay delitos de primera, inaceptables,  y delitos de segunda, consentibles?.
¿O quizá sea porque hay delincuentes comunes y delincuentes políticos?.

Y por si queda alguna duda:
1) Es FALSO que la Junta esté obligada a defender o costear la defensa de los imputados por los ERE. El artículo 92 del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, establece que esta posibilidad es potestativa y no obliga a la Junta a hacerlo.
2) En todo caso requiere que se dé la circunstancia de la autorización correspondiente del consejero de la Consejería de que se trate. Por tanto es necesario una voluntad y decisión política.
3) Esta decisión en caso de ser positiva debe estar fundamentada y darse la condición de que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores. Es decir, evidentemente este artículo no estaba pensado para este tipo de casos, en los que no se ha cumplido el ordenamiento jurídico, que es lo que el propio auto de la juez pone en duda. Este artículo está pensado para defender a los servidores públicos de demandas de terceros en el ejercicio de sus funciones en defensa de la Administración y en el ejercicio de sus obligaciones. En este caso es la propia Administración la afectada por estas decisiones. El artículo 93 dice "resultando procedente". Si hay un caso en el que no resulta procedente es éste.
4) Una posibilidad de que la Junta pudiera plantearse financiar la defensa  es que los imputados la solicitaran y reconocieran ante el juez que se limitaban a cumplir las órdenes de su superior, y eso en el caso de Magdalena Álvarez sería acusar a Manuel Chaves y Antonio Lozano, Director General de Presupuestos desde 2002 a 2009, a José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez.

Se indignan cuando nos referimos a ellos como la “casta”, pero como casta se comportan, y como casta mueven todos los hilos y ponen la Administración a su servicio.

Lo que es evidente es que los funcionarios adscritos a los Servicios Jurídicos de la Junta que ganaron su plaza en oposición, nunca imaginaron que iban a acabar defendiendo más chorizos que si se hubieran quedado en el turno de oficio del Juzgado al que le corresponden las 3.000 viviendas de Sevilla.